En la Universidad Nacional los
admitidos para iniciar estudios en el segundo semestre de 2015 han sido los protagonistas
en el transcurso de esta semana: todos los días filas de alrededor de 500
personas han estado exigiendo un nuevo cálculo del valor de matrícula. En ellas
abundan casos absurdos que ascienden al cobro de más de cinco millones de pesos
a personas de estrato uno y se suman más de cien casos que hemos atendido vía
correo electrónico por la imposibilidad de venir desde regiones apartadas del
país.
¿Qué pasó? La División de Registro de la Sede Bogotá modificó
la forma de calcular el valor y emitir los recibos de los recién admitidos,
pasando de un tiempo de 5 semanas para el período 2015-I, a dos días para esta
ocasión. Para ello fue habilitado el Formulario
de Registro de Estudiantes (FORE) como única medición, recopilando de
manera virtual los datos y documentos requeridos. La expedición de más de 3.000
valores de matrícula en dos días, sin supervisión de la División de Registro,
no reconoció errores y asignó los valores máximos cuando no había
documentación, por ejemplo, en las familias donde no hay padre se asignó el
valor máximo de ingresos a ese supuesto miembro responsable (caso de un gran
número de admitidos). ¡Los errores administrativos no los pueden pagar quienes
no podrán ingresar a la Universidad por falta de recursos o quienes tendrán que
buscar formas de pagar valores desproporcionados!
La esencia. En el documento “Proyecto de Presupuesto Vigencia
2015” de la Universidad, el Consejo Superior Universitario (CSU) acordó en la
sesión del 16 de diciembre de 2014 que “Con el fin de contribuir a subsanar el
faltante de funcionamiento, se continúa con los siguientes criterios:
Distribución de los recursos de las matrículas de pregrado, 50% para financiar
el presupuesto de funcionamiento y 50% para el presupuesto de gastos de
inversión[1]”. Debido
a la insuficiencia de este rubro, que en 2015 no llegó a ser ni el 5% del
presupuesto total[2],
la Universidad, en medio de la crisis presupuestal ocasionada por los gobiernos,
busca aumentar a toda costa la participación del pago de matrículas para “subsanar
el faltante de funcionamiento”.
¿Qué ha hecho la Universidad? La administración, impuesta por
el Gobierno de Juan Manuel Santos para el cumplimiento de sus intereses, es
displicente frente a la situación y se niega a dar soluciones reales a los
cientos de afectados. En la sesión del pasado 10 de junio, el CSU se negó a la
solicitud de Amaury Núñez (rep. estudiantil) de discutir lo ocurrido, así como
la División de Registro ha ignorado la petición de Jennifer Pedraza (rep.
estudiantil de la Sede Bogotá) de convocar el Comité de Matrículas para
plantear alternativas conjuntas y serias a la problemática.
Desde Avanza UN –grupo de trabajo y representantes
estudiantiles de diferentes instancias- exigimos a la Administración de la
Universidad apersonarse de la situación y dar trato igual a la actual cohorte
de admitidos, tomando el tiempo necesario para calcular un valor adecuado y avanzar
hacia la gratuidad de la educación como medida indispensable para garantizar el
derecho fundamental a la educación.
Apoyamos e impulsamos la justa
protesta de los admitidos por las razones expuestas y reiteramos los elementos
que desde siempre hemos planteado: la privatización de la Universidad Nacional no
debe recaer sobre los hombros de los estudiantes con matrículas impagables que redundan
en la deserción; y la educación pública debe ser gratuita, para que la
situación socioeconómica no sea la barrera que limite el acceso a ésta, además
de autónoma, de alta calidad y al servicio del desarrollo nacional.
AVANZA UN
@AvanzaUN -facebook.com/AvanzaUN
Contáctanos: Sara Abril @SarisAbril y Amaury Núñez @AmauryNG (Representantes ante el CSU), Ximena Canal @XimenaCanal y Jennifer Pedraza @JenniferPedraz (Representantes de la Sede Bogotá) y Liliana Castañeda @LiliCastanedaM (Consejo Académico)
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