Los predios de la Universidad Nacional aún no están a salvo de la renovación del CAN
Sara Abril Representante Estudiantil ante el CSU (@SaraAbril_G)
La Rectoría de la
Universidad Nacional de Colombia y la Agencia Nacional Inmobiliaria
Virgilio Barco Vargas acaban de sorprender a la comunidad universitaria y a
la ciudadanía. La primera decidió, producto de la presión, hacer
pública la posición de que la institución no venderá sus predios
incluidos en los planos del Plan de Renovación Urbana, entre ellos,
el edificio Uriel Gutiérrez, la Unidad Camilo Torres y la Fase II
del Hospital Universitario. La segunda comunicó que, dada la
posición expresada por la Universidad, “ha
resuelto excluir a la mencionada institución del proceso de
formulación del instrumento de gestión urbanístico -Plan Parcial-
requerido para la ejecución del proyecto”
(http://goo.gl/jEddfg).
La pregunta es: ¿se elimina realmente el riesgo de que se le quiten
los terrenos a la Universidad Nacional?
Aunque los hechos parecen dar
pie al optimismo, lo cierto es que la comunicación es ambigua e
insuficiente. El hecho de que el comunicado público no hable de
excluir los predios, sino de excluir la institución de la
formulación del proyecto, resulta ser muy confuso. A ello se suma
que el proyecto ha recorrido mucho camino desde 2011 con leyes y
planos seleccionados que incluyen nuestros terrenos, pero,
sospechosamente, la comunicación de la Agencia no viene acompañada
de nuevos planos y documentos ni se compromete a modificar nada.
Hay tres razones por las
cuales la amenaza del proyecto sigue viva. En primer lugar, a pesar
de que se le ha solicitado muchas veces, la Agencia no allega unos
nuevos planos del Plan de Renovación Urbana que sustenten lo que le
aduce en la comunicación al Rector (http://goo.gl/vokPcP).
Sin manifestar tampoco su intención de querer modificarlos, la
realidad es que en los planos
de
la Agencia (http://goo.gl/PDKzyc)
sigue habiendo un edificio de apartamentos
encima de la Fase II del Hospital, que representa el 75% del mismo, y
un parque que arrasa al edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo
Torres (Figura I)
Figura I. Planos del Proyecto Ciudad CAN que afectan más de 90000 m2 de la Universidad Nacional |
En la defensa de los predios
hemos hecho causa común con los barrios afectados, con la ESAP, con
las instituciones de salud y con algunas instituciones públicas.
Tenemos claro que este proyecto actúa expandiéndose
y es estratégico defendernos en conjunto, porque una vez construido
el proyecto, una exclusión parcial ahora puede convertirse en una
expropiación posterior sobre las demás. Por eso acordamos el
Proyecto de Ley 041 que la Agencia, directamente, se encargó de
frustrar en el Congreso de la República.
En segundo lugar, si bien la
Rectoría parece dar pasos en el sentido correcto, se requiere
continuar con acciones de mayor nivel porque la
Agencia puede expropiar sin negociar.
El Parágrafo 3 del Artículo
245 del Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos (Ley 1753
de 2015) establece que “la
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas podrá hacer uso
de las facultades de expropiación administrativa
de que tratan la Ley 1742 de 2014, siempre que invoque los motivos de
utilidad pública contenidos en el artículo 58 de la Ley 388 de
1997, en los literales B, C, G, I, K, L, M”.
Y tanto los funcionarios de la Agencia como los del Ministerio de
Vivienda alegan que el interés general es construir la Ciudad CAN,
cuyas unidades empresariales,
hoteleras y residenciales
priman sobre los derechos a la educación y a la salud que la
Universidad y su Hospital garantizan.
En tercer lugar y tal vez lo
más importante, los pronunciamientos no hacen referencia a un Plan
de Ordenamiento Territorial que siga blindando los predios de la
Universidad. El POT actual define que el uso del suelo de la
Universidad es exclusivamente dotacional e impide que puedan usarse
para los fines mixtos —comerciales, residenciales, etc.— que
requiere el Proyecto Ciudad CAN. Sin un cambio de uso del suelo a
través del POT, el proyecto no va.
Tan comprometido está el
alto gobierno con este negocio inmobiliario, cuya inversión está
avaluada en $12,8 billones (http://goo.gl/tGt2xJ),
que en la página web de la AIVBV se lee que “el
Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, destacó que
a pesar de las dificultades para agilizar el proyecto de renovación
en el CAN, por la falta de POT, ‘el Gobierno Santos está
trabajando desde ya para impulsar los proyectos que traen desarrollo
y progreso al país y mejoran la calidad de vida de los
colombianos.’” (http://goo.gl/tGt2xJ).
Jugada que secunda el alcalde Enrique Peñalosa, quien en su Plan
Distrital de Desarrollo ya decidió colaborar con gestiones del uso
del suelo para apoyar iniciativas urbanas de la Nación (Artículo
96).
Así las cosas, es diáfano
que la comunidad universitaria, incluyendo al Rector, es la
responsable de defender sus terrenos y manifestarse en contra de que
los intereses del negocio inmobiliario se pongan por encima de los
derechos a la salud y la educación. Es urgente exigir unos nuevos
planos, que los compromisos se sustenten con documentos técnicos y
se aprueben un blindaje legislativo y un POT que protejan el uso del
suelo de nuestro campus.
Estaremos como en 2013 y
2015 de nuevo
en las calles y en los recintos del Concejo y del Congreso haciendo
uso de movilización pacífica y democrática, la misma que le
devolvió Campo Rubiales a ECOPETROL y que ha frenado 4 proyectos
mineros en zonas de altísima importancia ecológica. Uniendo
nuestras fuerzas, lograremos preservar los predios de la Universidad
y su Hospital para que sirvan al desarrollo del país y el bienestar
de todos los colombianos.
De acuerdo con el numeral 8 del comunicado de la Agencia Nacional Inmobiliaria, http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/Paginas/comunicado.aspx ellos estarían dispuestos a colaborar con infraestructura para la UN, no sería bueno presentarles un proyecto pequeño que no los haga dueños de nada y que nos sirva a nosotros?. Así sea pintar las paredes o arreglar tejados.
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