Son reiteradas las quejas de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas sobre la ausencia de planta docente, la falta de seguimiento de algunos profesores hacia el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la evidente carencia de cupos para las materias, las dificultades para acceder a bibliografía actualizada y especializada, las dificultades de los estudiantes más necesitados para acceder al bienestar, la investigación estancada y una extensión cuyo fin es solamente el lucro.
La característica fundamental de carreras como Derecho y Ciencias Políticas es que los profesores son quienes cumplen el papel determinante en la formación, no se requieren sofisticados laboratorios ni especializados instrumentos. Y aún cuando la calidad de la educación de la Facultad descansa en su personal docente, se evidencia cada vez más la sobrecarga de estos, pues, aunque entre el 2001 y el 2012 hubo un incremento del 2,2% anual en la dedicación de los docentes de planta, el incremento promedio de cobertura anual de posgrados fue de 14,6% y de pregrado 1,3%.
El SUE establece que para que exista un mínimo de calidad debe existir un profesor de planta por cada 18 estudiantes, sin embargo, se llego al punto que en el 2011 por cada 38 estudiantes había tan solo un profesor de planta. En una Facultad en la cual debería ser el 70% profesores de planta para dedicarse a la investigación, extensión y relación con estudiantes; existe una gran ausencia, que ha generado una explosión en contratación de docentes ocasionales, observándose ahora que la suma de los profesores de cátedra y ocasionales ha llegado a ser el 76% de los docentes, es decir, la proporción esta invertida de cómo debería ser.
Todo esto a raíz de la política del gobierno de actualizar la base presupuestal de las universidades publicas según el Índice de Precios al Consumidor (en otras palabras, la inflación), que en la práctica no es más que un congelamiento en los recursos, omisión de los nacientes gastos, el desconocimiento de proyectos de inversión, especialmente en materia de infraestructura (69% del déficit calculado por el SUE). Esto ha generado especialmente en la Facultad de Derecho un ahogamiento presupuestal, llegando al punto que el presupuesto de la Facultad está constituido por recursos propios, ni un solo peso del Presupuesto General de la Nación. Financiándose el 100% por actividades de extensión, matriculas, ahorros, rendimientos financieros, entre otros.
Para ampliar esta información, pueden consultar el documento "Es hora de la Resistencia Civil" de Camilo Ernesto Díaz estudiante de Ciencias Políticas de la UN.
Publicado por: Miguel Angel Muñoz - Avanza UN
